La corte suprema de Justicia rechazó el expediente Machado juana y otros, que involucra a 1.200 particulares, con el patrocinio del abogado Héctor Falicof, que demandaba inicialmente a la Entidad Binacional Yacyretá, EBY, por 400 millones de dólares, monto que en la tramitación judicial previa fue descendiendo hasta ubicarse en los actuales 8 y 9 millones de esa moneda.
El máximo tribunal revocó una sentencia que obligaba a la entidad binacional a retribuir económicamente a un grupo de personas que demandaban una indemnización integral fundada en los perjuicios que supuestamente les había provocado la Yacyretá.
Los demandantes, entre argentinos y paraguayos ex habitantes de tierras “ancestrales” que, en 1994, quedaron inundadas por la elevación de la cota del Río Paraná, manifestaron que habían perdido sus fuentes de trabajo como consecuencia de las acciones llevadas a cabo por la entidad para la construcción de la represa hidroeléctrica, lo que habría restringido indebidamente los recursos naturales en las zonas afectadas por la represa. Además, manifestaron que había disminuido la cantidad y calidad de peces que capturaban, y también la desaparición bajo las aguas de los lugares donde realizaban sus actividades.
La Corte concluyó que no se puede acordar con los particulares, en el marco de la ley de expropiación, una indemnización con fundamento en la utilización del espacio público y que una conclusión diferente conduciría al absurdo de constituir al Estado en garante de hipotéticas ventajas económicas sin que exista deber legal de hacerlo.
El juez Zaffaroni votó en disidencia y se remitió a mantener lo que había dicho en una causa análoga, en la cual la Corte falló en contra de la pretensión indemnizatoria del pescador, Juan Carlos Ramírez. En ese caso, conocido el 6 de junio, Zaffaroni afirmó que la Constitución nacional obliga al Estado a “preservar el medio ambiente y, por ende, la fauna que lo integra”. El ministro de la Corte resaltó que esa obligación del Estado es todavía mayor cuando de las condiciones ambientales dependen las fuentes tradicionales de industrias artesanales.
En el caso de Ramírez, lo que dijo Zaffaroni era que la construcción de la represa avanzó sobre su medio habitual de supervivencia.
El abogado Héctor Edgardo Flicoff, representante legal de los damnificados, sostuvo que: “En las dos márgenes del río, las inundaciones provocadas por la construcción de la represa dejaron unos 80 mil damnificados, de los cuales unos 1200 fueron a juicio. Ahora el único camino que nos queda es recurrir a los organismos internacionales (la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Internacional de La Haya). Nosotros decimos que el fallo de la Corte constituye una violación a los artículos 1º y 6º del Código Internacional de Derechos económicos, sociales y políticos, firmado en 1966 en las Naciones Unidas, del cual el Estado argentino es firmante y, por lo tanto, está obligado a respetar”.
El máximo tribunal revocó una sentencia que obligaba a la entidad binacional a retribuir económicamente a un grupo de personas que demandaban una indemnización integral fundada en los perjuicios que supuestamente les había provocado la Yacyretá.
Los demandantes, entre argentinos y paraguayos ex habitantes de tierras “ancestrales” que, en 1994, quedaron inundadas por la elevación de la cota del Río Paraná, manifestaron que habían perdido sus fuentes de trabajo como consecuencia de las acciones llevadas a cabo por la entidad para la construcción de la represa hidroeléctrica, lo que habría restringido indebidamente los recursos naturales en las zonas afectadas por la represa. Además, manifestaron que había disminuido la cantidad y calidad de peces que capturaban, y también la desaparición bajo las aguas de los lugares donde realizaban sus actividades.
La Corte concluyó que no se puede acordar con los particulares, en el marco de la ley de expropiación, una indemnización con fundamento en la utilización del espacio público y que una conclusión diferente conduciría al absurdo de constituir al Estado en garante de hipotéticas ventajas económicas sin que exista deber legal de hacerlo.
El juez Zaffaroni votó en disidencia y se remitió a mantener lo que había dicho en una causa análoga, en la cual la Corte falló en contra de la pretensión indemnizatoria del pescador, Juan Carlos Ramírez. En ese caso, conocido el 6 de junio, Zaffaroni afirmó que la Constitución nacional obliga al Estado a “preservar el medio ambiente y, por ende, la fauna que lo integra”. El ministro de la Corte resaltó que esa obligación del Estado es todavía mayor cuando de las condiciones ambientales dependen las fuentes tradicionales de industrias artesanales.
En el caso de Ramírez, lo que dijo Zaffaroni era que la construcción de la represa avanzó sobre su medio habitual de supervivencia.
El abogado Héctor Edgardo Flicoff, representante legal de los damnificados, sostuvo que: “En las dos márgenes del río, las inundaciones provocadas por la construcción de la represa dejaron unos 80 mil damnificados, de los cuales unos 1200 fueron a juicio. Ahora el único camino que nos queda es recurrir a los organismos internacionales (la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Internacional de La Haya). Nosotros decimos que el fallo de la Corte constituye una violación a los artículos 1º y 6º del Código Internacional de Derechos económicos, sociales y políticos, firmado en 1966 en las Naciones Unidas, del cual el Estado argentino es firmante y, por lo tanto, está obligado a respetar”.
Los asambleístas llevan casi diez años de reclamos: “cada categoría de trabajador recibirá el monto fijado por el juez; hay pescadores comerciales y de subsistencia, pequeños, medianos y grandes ladrilleros, el importe a cobrar será según la actividad de cada poblador damnificado”. “El reclamo se basa en un trabajo serio donde participaron peritos designados por las partes mediante estudios periciales antropológicos. Le tocó al juez Chavez, de primera instancia, designar a los especialistas, empezando por el Dr. Jaume, Rector de la Universidad Nacional de Misiones, experto en ciencias antropológicas y ex decano de la Facultad de Humanidades”, reflexionaba de esa manera el abogado Falicoff, apoyado en los muros de la infausta casa de la justicia ciega.
En el comunicado de prensa que presentaron los damnificados de Yacyretá, que se movilizaron hasta Tribunales, sostienen: "Buscamos una sentencia favorable y global donde se involucre a las 1200 familias que fuimos afectadas por la construcción de la represa yacyretá en una zona de llanura que inundó miles de hectáreas productivas de ambas márgenes del río Paraná. Acá hay argentinos y paraguayos, y en su mayoría de la comunidad aborigen Mbya-guaraníes".
En el comunicado de prensa que presentaron los damnificados de Yacyretá, que se movilizaron hasta Tribunales, sostienen: "Buscamos una sentencia favorable y global donde se involucre a las 1200 familias que fuimos afectadas por la construcción de la represa yacyretá en una zona de llanura que inundó miles de hectáreas productivas de ambas márgenes del río Paraná. Acá hay argentinos y paraguayos, y en su mayoría de la comunidad aborigen Mbya-guaraníes".
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